El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el parágrafo del artículo 4 y
el inciso segundo del artículo 5 del decreto. Estos apartes estaban relacionados
con la posibilidad de realizar traslados presupuestales y con la recepción de
esos recursos en la subcuenta temporal del Fenómeno de El Niño 2026-2027.
La decisión judicial no suspendió la declaratoria de situación de desastre
nacional ni resolvió de fondo la demanda. También permanecen vigentes los
demás artículos del Decreto 802 y las acciones de preparación, coordinación y
respuesta que no dependan de los apartes suspendidos.
Para la presente vigencia fueron apropiados $668.000 millones en la
subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(FNGRD). De este total, $426.000 millones se destinaron al cumplimiento de
las funciones misionales de la entidad y, a la fecha, solo permanecen
disponibles $62.400 millones, equivalentes al 15 % de los recursos asignados.
Esta disponibilidad limitada podría afectar la capacidad de respuesta frente a
emergencias asociadas a incendios forestales, disminución de fuentes hídricas,
desabastecimiento de agua, afectaciones a la producción agropecuaria y otros
eventos derivados de las condiciones extremas que puedan presentarse en el
territorio nacional.
“La gestión del riesgo no puede comenzar cuando la emergencia ya ocurrió.
Necesitamos anticiparnos, disponer de capacidades operativas y contar con
recursos inmediatos para proteger la vida, los bienes, la infraestructura y los
medios de subsistencia de los colombianos. Hoy la disponibilidad presupuestal
es limitada frente a los escenarios que el país deberá enfrentar”, señaló el
director general de la UNGRD, Javier Pava Sánchez.
“Es contradictoria la decisión del Consejo de Estado porque, por un lado,
mantiene el decreto de desastre por riesgo inminente frente a los impactos del
fenómeno de El Niño y, por otro, suspende provisionalmente los mecanismos
de financiación”, afirmó Pava Sánchez.
La UNGRD considera necesario gestionar una adición presupuestal que permita
ampliar la capacidad financiera de respuesta ante los impactos previstos del
fenómeno de El Niño.
“Atender el fenómeno de El Niño implica contar con recursos. Esta situación
requiere una adición presupuestal, que era precisamente lo que buscábamos
con el artículo suspendido”, agregó el director.
La entidad continuará la discusión jurídica frente a la decisión del Consejo de
Estado y mantendrá las acciones de preparación y respuesta que permanecen
vigentes. Asimismo, trabajará con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y las demás entidades competentes para identificar mecanismos de
financiación que se ajusten al ordenamiento jurídico y permitan garantizar la
protección de las comunidades.
Finalmente, Pava Sánchez señaló que el Gobierno nacional buscó garantizar
los recursos necesarios para atender los impactos previstos hacia finales de
año, cuando se esperan las mayores consecuencias del fenómeno de El Niño.
“Dejamos la constancia histórica de que este Gobierno y el presidente Gustavo
Petro hicieron todo lo posible para garantizar y dejar financiados estos
recursos”.
