La propuesta busca cambiar la manera en que el Estado atiende a las
comunidades afectadas por desastres, situaciones de riesgo inminente y
desplazamiento forzado ambiental asociado al cambio climático.
El nuevo enfoque reconoce la gestión del riesgo como un derecho fundamental
y a las familias y comunidades en condiciones de vulnerabilidad estructural
como sujetos de especial protección.
La iniciativa incorpora, además, el concepto de “víctima climática” para
reconocer a las personas y comunidades afectadas por desastres, situaciones
de riesgo inminente o desplazamiento forzado ambiental asociado al cambio
climático. Esta categoría complementaría los conceptos de afectado y
damnificado, y orientaría acciones de adaptación, reparación y justicia
climática.
“Este proyecto de ley reconoce a las víctimas climáticas como sujetos
especiales de derechos y transforma la Unidad de Gestión del Riesgo en una
agencia. Es un cambio fundamental en el enfoque de derechos para proteger
a las poblaciones vulnerables frente a los riesgos y desastres, y esperamos
que haga parte del Acuerdo Nacional”, señaló Carolina Corcho, Senadora del
Pacto Histórico.
En el ámbito institucional, la UNGRD evolucionaría hacia la ANGRACC, que
asumiría la coordinación técnica de la política, mientras que los ministerios y
demás sectores ejecutarían directamente la reconstrucción de infraestructura,
de acuerdo con sus competencias.
La ANGRACC también orientaría y aprobaría técnicamente los Planes de Acción
Específicos (PAE), además de hacer seguimiento a su ejecución. La propuesta
contempla el cierre y la liquidación del Fondo Adaptación y de Nasa Kiwe para
evitar la duplicidad de funciones.
En este sentido, Javier Pava, director de la UNGRD, indicó que: “este proyecto
de ley es un legado del Gobierno del Cambio y del presidente Gustavo Petro
para enfrentar la crisis climática. Busca resolver problemas estructurales de la
Ley 1523, fortalecer las capacidades de las entidades territoriales como
primeros respondientes y reconocer a los damnificados, las familias expuestas
a riesgo inminente y los desplazados climáticos como víctimas climáticas que
requieren protección y restitución de derechos.”
En materia de respuesta y recuperación, se plantea implementar la Evaluación
de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y la EDANPRI, una metodología
que incorpora las pérdidas, los riesgos asociados y los impactos. También se
establece un límite de 12 meses para las declaratorias y la emisión de un
concepto técnico sectorial de normalidad para cerrar las emergencias.
El enfoque territorial incorpora representantes de los pueblos indígenas, las
comunidades campesinas y el pueblo Rrom en los Consejos Territoriales de
Gestión del Riesgo, además de instancias propias de coordinación en los
territorios indígenas y colectivos NARP.
El conocimiento tradicional, las señales de alerta comunitarias y la memoria
local se integrarían con la evidencia científica y técnica. Asimismo, la
información deberá estar disponible en lenguas nativas y en formatos
culturalmente apropiados.
Entre el 1 de enero de 2022 y el 9 de junio de 2026, la Central de Información
y Telemática de la UNGRD (CITEL) registró 28.924 eventos en su consolidado
de emergencias y desastres. En ese periodo, 4.861.815 personas resultaron
afectadas, correspondientes a 1.146.292 familias. Además, se registraron
20.061 viviendas destruidas, 385.713 averiadas y 1.235.853 hectáreas
afectadas.
Los incendios forestales representaron el 50 % de los eventos, seguidos por
los movimientos en masa, con el 15,7 %, y las inundaciones, con el 10,5 %.
Aproximadamente el 87 % de estos eventos estuvo asociado a condiciones
climáticas.
El proyecto también plantea eliminar el término «naturales» de las referencias
a los desastres, de manera que las disposiciones normativas se refieran
simplemente a «desastres».
La corresponsabilidad entre el Estado, la ciudadanía, el sector privado y las
comunidades se mantiene como principio de la gestión del riesgo, sin trasladar
a otros actores las obligaciones que constitucionalmente le corresponden al
Estado.
El alcance definitivo de la propuesta dependerá del trámite que adelante el
Congreso de la República.
