La decisión judicial se produjo tras una demanda interpuesta por la propia
entidad, luego de que se ordenara una transferencia de recursos a través
de un Fondo de Inversión Colectiva.
El Tribunal concluyó que, aunque existía una situación de emergencia, la
medida adoptada no contaba con el soporte técnico, financiero y operativo
suficiente que justificara la cuantía y destinación específica de los
recursos.
En su análisis, el alto tribunal determinó que el acto administrativo
presentaba falla en su motivación y fue expedido de manera irregular, al
no explicar de forma clara y suficiente las razones que sustentaban una
transferencia por más de $7.100 millones destinada a la operación de
carrotanques.
“Desde que llegamos a la entidad, tomamos la decisión de frenar estos
giros y acudir a la justicia. Hoy el Tribunal confirma que las decisiones
sobre recursos públicos deben estar debidamente sustentadas y ajustadas
a los procedimientos”, afirmó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.
Estos recursos no se ejecutaron gracias a una instrucción oportuna de la
actual dirección de la entidad, que ordenó detener su desembolso. Sin
embargo, debido a que los actos administrativos seguían vigentes, fue
necesario acudir a la jurisdicción para evitar su ejecución.
Los giros objeto de este proceso hacen parte de un conjunto de
operaciones ordenadas en 2024 durante los últimos días de la
administración de Olmedo López, exdirector de la entidad, quien
actualmente se encuentra privado de la libertad y enfrenta un proceso
judicial en su contra, tras haber reconocido su participación en un
esquema de corrupción.
El fallo también precisa que, si bien la normativa permite este tipo de
transferencias en el marco de la atención de emergencias, su validez
depende de que estén debidamente justificadas, lo cual no ocurrió en este
caso.
Durante el proceso, el Tribunal decretó una medida cautelar que
suspendió provisionalmente los efectos del acto administrativo,
impidiendo el giro de los recursos mientras se resolvía de fondo la
controversia.
Este caso hace parte de siete operaciones similares. En tres de ellas
(Corpourabá, Corantioquia y Bolívar) se logró la revocatoria directa,
mientras que, en los demás casos, incluida Uribia, la UNGRD tuvo que
acudir a la vía judicial.
La UNGRD continuará adelantando las acciones necesarias para garantizar
el uso adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de los
principios que rigen la gestión del riesgo en el país.
