Como parte de este proceso, se evalúan los daños, las pérdidas, los impactos
y las necesidades derivados de la emergencia. A la fecha, se han analizado
950.000 datos y se cuenta con 94 informes situacionales. Además, se han
realizado más de 100 reuniones técnicas con diferentes sectores y expertos
nacionales e internacionales.
“La recuperación comienza con las personas y los territorios, por eso esta
evaluación prioriza proyectos, define mecanismos de financiación, orienta la
inversión pública y moviliza recursos privados y de cooperación. Sabemos que
recuperar también significa reducir el riesgo y construir territorios más
seguros”, dijo David Santiago Tamayo Roldán, director general de la UNGRD.
La formulación fue coordinada por la UNGRD con la participación de equipos
técnicos de los sectores de agricultura, vivienda, minas y energía, transporte
y ambiente, junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y otras
entidades. La recopilación y verificación de información en los territorios
permitió identificar las comunidades más afectadas y las necesidades de
infraestructura, servicios, actividades económicas y medios de vida.
El proceso contó con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), además del respaldo financiero del Banco de
Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que contribuyó a movilizar
capacidades especializadas para evaluar los efectos y costos del desastre.
Para dimensionar las afectaciones y orientar la recuperación, la UNGRD
coordinó la Evaluación de Daños, Análisis de Necesidades, Pérdidas y Riesgos
Asociados e Impactos (EDANPRI). Este ejercicio complementa la información
recogida en los territorios y permite identificar y cuantificar los efectos de la
emergencia, así como las necesidades de recuperación.
La evaluación tomó como referencia metodologías internacionales como el
Damage and Loss Assessment (DaLA), desarrollada por la CEPAL, y el Post-
Disaster Needs Assessment (PDNA), desarrollada conjuntamente por la Unión
Europea, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Estos referentes permiten
valorar los efectos e impactos del desastre, estimar las necesidades y orientar
una recuperación integral y sostenible.
En menos de dos meses, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella
consolidó la información técnica necesaria para formular la versión preliminar
del PAE, a partir de las lecciones del terremoto del Eje Cafetero de 1999. El
documento será revisado por el comité correspondiente y presentado al
Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el próximo
miércoles 14 de octubre, para su aprobación.
Una vez aprobado, la ejecución del PAE será una responsabilidad compartida
de todo el Gobierno nacional. Cada sector deberá asumir las acciones que le
corresponden de manera articulada con los territorios, para hacer realidad la
recuperación. Las acciones priorizadas harán parte del eje de reconstrucción,
transformación y resiliencia del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030.
