El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo ya había recomendado poner fin a la situación de desastre. Con la firma del decreto, el Gobierno nacional formaliza el cierre de esta declaratoria.
La situación fue prorrogada por doce meses en noviembre de 2025. Posteriormente, en mayo de 2026, se modificaron las medidas para fortalecer el Plan de Acción Específico (PAE) e incorporar las afectaciones ocasionadas por eventos climatológicos registrados entre el 31 de enero y el 6 de febrero.
Estos hechos impactaron municipios de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Para atender esa emergencia, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los ocho departamentos.
Durante este proceso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, articuló las acciones con las entidades competentes. Esta labor continuará durante la recuperación.
El retorno a la normalidad pone fin a la declaratoria, pero no suspende las intervenciones en marcha. Las entidades responsables deberán completar los programas y proyectos pendientes, según sus competencias y los recursos disponibles.
Las disposiciones especiales podrán seguir aplicándose cuando sean necesarias para terminar las actividades de rehabilitación y reconstrucción previstas en el PAE.
Como parte de este proceso, continuará el Plan de Recuperación Temprana (PRT), aprobado en julio de 2026 y con una vigencia de dos años. Este contempla 70 planes y proyectos a cargo de la UNGRD para recuperar los territorios afectados por el Frente Frío, financiados con recursos de la subcuenta correspondiente.
Para respaldar estas acciones, el Gobierno nacional adicionó $8,68 billones al Presupuesto General de la Nación. De estos recursos, $6,35 billones fueron asignados a la UNGRD con destino al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, distribuidos entre acciones de la Unidad e intervenciones sectoriales de recuperación temprana.
La UNGRD y el Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación continuarán verificando el cumplimiento de los proyectos. Las entidades responsables deberán reportar sus resultados y las dificultades durante la ejecución.
El decreto establece, además, una auditoría externa para revisar la administración y ejecución de los recursos del PAE, sin afectar las funciones de control fiscal de la Contraloría General de la República.
En el Gobierno de la Patria Milagro, el retorno a la normalidad cierra la declaratoria, pero no la recuperación. La UNGRD continuará coordinando las acciones para completar las intervenciones en los territorios.
