Con una inversión de $8,7 billones, el plan contempla 72 proyectos que
beneficiarán a cerca de 180 municipios mediante intervenciones en
infraestructura, vivienda, educación, seguridad alimentaria y conectividad
vial.
Las inversiones contemplan la puesta en servicio de comedores populares,
la recuperación de vías, puentes, la reconstrucción y mejoramiento de
viviendas, la rehabilitación de infraestructura educativa e implementación
de programas de alimentación escolar, entre otras acciones para
restablecer las condiciones de las comunidades damnificadas.
Estos proyectos constituyen la hoja de ruta para la recuperación física,
social y económica de los territorios, y permitirán avanzar en la
estabilización de las comunidades, la reactivación productiva y la
reducción de las condiciones de vulnerabilidad generadas por las
inundaciones del frente frío.
Con el propósito de garantizar la transparencia y la adecuada ejecución
de los recursos, el Gobierno nacional avanza en la contratación de
auditorías externas e independientes, así como en la implementación de
mecanismos de seguimiento y control que permitan monitorear el avance
físico y financiero de las intervenciones.
El Gobierno nacional deja estructurados, financiados y contratados los
instrumentos necesarios para la ejecución del Plan de Recuperación
Temprana. Corresponderá al próximo Gobierno asegurar la
implementación efectiva de los proyectos y la materialización de las
inversiones en beneficio de las comunidades afectadas.
La decisión de la Corte Constitucional ratifica la legalidad de las medidas
adoptadas para enfrentar la emergencia ocasionada por el fenómeno
atípico que golpeó al país en febrero, y brinda estabilidad institucional a
uno de los procesos de recuperación territorial más importantes
emprendidos por el Estado colombiano en los últimos años.
