Entre las prioridades se encuentra el cumplimiento del Decreto 150 de
2026, mediante el cual se estableció la Declaratoria de Emergencia por el
Frente Frío, aprobada por la Corte Constitucional. Esta medida exige
avanzar en la atención económica y social, en respuesta, además, a las
alertas de la Contraloría General de la República por los retrasos en la
ejecución del decreto.
La decisión se adopta en ejercicio de sus funciones como director general
y representante legal de la UNGRD, así como ordenador del gasto del
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), de
conformidad con el artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, sin perjuicio de
los lineamientos de su Junta Directiva, los mecanismos internos de control
y el seguimiento de los organismos de vigilancia.
La centralización busca consolidar la información presupuestal,
contractual y financiera durante el cierre del actual Gobierno, garantizar
una transición ordenada hacia la próxima administración y asegurar que
las decisiones relacionadas con el uso de los recursos públicos respondan
a las necesidades prioritarias de las comunidades afectadas.
Mientras permanezca al frente de la entidad, hasta el próximo 6 de
agosto, el director Pava Sánchez priorizará la atención de las emergencias
en curso y de aquellas que puedan presentarse durante el cierre de la
gestión del Gobierno nacional. Cada actuación mantendrá los controles
técnicos, jurídicos, financieros y administrativos exigidos antes de la
suscripción de contratos, convenios o compromisos presupuestales.
El Gobierno nacional, a través de la dirección de la UNGRD, mantendrá
una actuación ajustada a la Constitución y a la ley, sin adoptar decisiones
amañadas o contrarias a los principios de la función administrativa y a las
responsabilidades de los servidores públicos.
