El Registro Único de Damnificados (RUD) de la UNGRD, que reúne
información de personas afectadas por desastres en todo el país, se
convertirá en una herramienta de consulta que podrá aportar pistas clave
en los procesos de búsqueda humanitaria y extrajudicial adelantados por
la UBPD.
De esta manera, se establece un marco de cooperación interinstitucional
que permitirá cruzar la información del RUD y del Registro Unifamiliar de
Emergencias (RUFE) con las solicitudes de búsqueda, siempre bajo
criterios de legalidad, confidencialidad y protección de datos personales.
La UNGRD entregará únicamente coincidencias que puedan resultar útiles
para la localización de personas, mientras que la UBPD garantizará el uso
reservado y exclusivamente humanitario de la información.
“Este acuerdo pone la información del Estado al servicio de la vida y de
las familias que por años han buscado respuestas. Desde la UNGRD
ponemos a disposición nuestros registros con un enfoque estrictamente
humanitario, para ayudar a reducir la incertidumbre y acompañar la
búsqueda de las más de 135 mil personas que aún no han sido
encontradas”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
La articulación interinstitucional fortalece el intercambio de datos clave
para avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas. A través de
su labor misional, la UBPD ha logrado 648 entregas dignas a las familias,
además de la localización de 464 personas encontradas con vida, cifras
que reflejan la importancia de sumar capacidades institucionales para
agilizar los procesos de búsqueda.
“La búsqueda de las personas desaparecidas es una labor profundamente
humanitaria que se nutre del trabajo articulado en los territorios y del
compromiso de diversos actores sociales e institucionales. Fortalecer
alianzas, como la de la UNGRD, permite ampliar las posibilidades de
obtener información clave y responder de manera más efectiva a las
familias”, agregó Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad de
Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
El acuerdo también contempla la conformación de un equipo técnico
conjunto que definirá los protocolos de intercambio de información y hará
seguimiento a su implementación. La vigencia inicial será de cuatro años.
Con esta alianza, el Gobierno refuerza la coordinación institucional y
respalda el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, la dignidad
y la búsqueda de sus seres queridos.
