Este permitirá una respuesta eficaz y coordinada entre organizaciones, comunidad, entidades técnicas y operativas, para asegurar que los animales de compañía, de producción y silvestres reciban la atención adecuada durante y después de una emergencia.
“Este protocolo que garantiza la atención de los animales en situación de desastre pudo haber sido expedido antes, pero nuestra intención era aprobarlo dentro de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias (ENRE) que lamentablemente fue negada por el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo, y por eso, hoy lo expedimos por resolución y no por decreto presidencial”, aseguró Carlos Carrillo Arenas, director general de la UNGRD.
Este instrumento define siete acciones de respuesta esenciales para garantizar la protección y bienestar de los animales en un contexto de emergencia, así como las entidades responsables de su ejecución en el nivel municipal, distrital, departamental y nacional.
Las acciones del protocolo se centran en el rescate, la atención en salud, el manejo de cadáveres, refugio y albergues, agua, asistencia alimentaria y no alimentaria y la evaluación de daños y análisis de necesidades para los animales que resulten afectados por el impacto de una emergencia o desastre.
El protocolo que define roles y responsabilidades, es una hoja de ruta para coordinar las acciones de respuesta de las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y entidades públicas como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Es importante resaltar que el desarrollo de este instrumento fue posible, gracias a la concertación de responsabilidades legales y misionales de entidades y autoridades ambientales, agrícolas y operativas en el país. Su implementación busca reducir el impacto en los ecosistemas y en las comunidades, asegurando la inclusión de los animales en la preparación, respuesta y recuperación.
Finalmente, es importante destacar que el documento contó con la revisión, aprobación y observación de actores públicos, privados y comunitarios del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Además, la versión final fue compartida con 39 entidades participantes del proceso.
