Estas mesas de trabajo con la Procuraduría y los contratistas se harán con el fin de resolver de fondo la problemática financiera que enfrentan tanto los contratistas como la nueva administración, teniendo en cuenta que este Gobierno está dispuesto a atender y dar solución a la situación económica, laboral y contractual en que están inmersos estos proveedores por el proceso irregular que adelantó el anterior Gobierno.
Con la nueva administración se evidenció que alrededor de 700 órdenes de proveeduría no contaban con un respaldo financiero que permitiera cumplir con el respectivo pago a estos proveedores, que sumados superan los 300 mil millones de pesos.
Entre los contratos que se ejecutaron durante las vigencias 2020, 2021 y hasta junio de 2022, se encontró que en su gran mayoría no contaban con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y otros fueron ejecutados sin la firma del ordenador del gasto, además de algunos que no tienen documentación.
Ante este panorama, el director de la UNGRD, ingeniero Javier Pava Sánchez, asumió la responsabilidad de pagar esta deuda, que en muchos casos ha afectado económicamente la misionalidad de la entidad, ya que estos recursos podrían haber sido invertidos en atención de emergencias, que por la temporada de lluvias y el fenómeno de La Niña se han presentado en el país, que derivó en la declaratoria de desastre nacional.
