Es importante tener en cuenta que el suelo es un recurso natural que presta diversos servicios y funciones ecosistémicos, fundamentales para el sostenimiento de la vida: agricultura, silvicultura, asentamientos humanos, filtración de agua e intercambio de gases con la atmosfera, son sólo algunos ejemplos de sus valiosos servicios y funciones.
Los procesos de degradación del suelo producto de la actividad humana son hoy una preocupación global, pues ponen en riesgo la calidad del suelo y en consecuencia los servicios y funciones, preocupación que se ve acrecentada debido a la dificultad que representan los procesos de remediación y recuperación del suelo, los cuales suelen ser más largos que los de recuperación del aire o incluso el agua.
La desertificación es un proceso extremo de degradación del suelo, que se define como la “reducción o pérdida de la productividad biológica o económica del sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otros componentes de la biota y los procesos ecológicos e hidrológicos, especialmente en los ecosistemas de las zonas secas (áridas, semiáridas y subhúmedas secas), debido a los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y factores climáticos”.
De otro lado, la sequía está relacionada con la falta de lluvias por un periodo de tiempo significativo, durante el cual la demanda de agua, dada por las necesidades y requerimientos de las plantas y de los animales, incluyendo los seres humanos, supera la disponibilidad del recurso hídrico.
Ambos fenómenos, sequía y desertificación, generan o incrementan efectos como la disminución de la oferta y regulación hídrica y aumento de la susceptibilidad frente a deslizamientos al desnudarse los suelos, entre otros.
Dada la importancia de la conservación y protección del suelo, Colombia se encuentra adherida desde 1999 a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía – UNCCD, asumiendo el compromiso de luchar contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía, a través de estrategias, planes y políticas que permitan promover acciones para la intervención de las causas, sensibilización para la participación de las poblaciones locales, el fortalecimiento de la legislación y otras, encaminadas a combatir la desertificación y la sequía.
El gobierno nacional, bajo el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible - MADS, desarrolló la Política para la Gestión Sostenible del Suelo con el propósito de impulsar el manejo integral del suelo, incidiendo en la conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión de riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de los colombianos. (MADS, 2017)
Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 a través del Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo, ha planteado objetivos encaminados a implementar estrategias e instrumentos para que los sectores productivos sean más sostenibles, innovadores y reduzcan los impactos ambientales, frenar la deforestación y otros crímenes ambientales, así como promover el conocimiento sobre los riesgos de desastres y el cambio climático para tomar mejores decisiones, los cuales sin duda favorecen y respaldan las acciones para la lucha contra la desertificación y la sequía.
Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco del memorando de entendimiento firmado con la Secretaría de la Convención de las Unidas de lucha contra la desertificación – UNCCD, desarrolló el instrumento de "Estrategias de perspectivas estacionales de sequía para tomar decisiones apropiadas y oportunas en el campo de la agricultura y los recursos hídricos", así como el Proyecto Piloto acerca de Sistemas de Alertas Tempranas por Sequías en Colombia. Lo anterior se constituye en la línea base y punto de partida para el análisis interdisciplinario de la problemática, y para el trabajo presente y futuro de los sectores de gobierno y de la economía nacional, con miras a generar mejores estrategias de planificación del desarrollo y medidas que permitan anticiparse y reducir los impactos negativos de la sequía en Colombia.
