Después de un ejercicio de seguimiento y verificación de varios meses, el director general de UNGRD y su equipo de trabajo en conjunto con el Congreso de la República, Corpoamazonía, los entes de control, las comunidades y la administración municipal de Mocoa, decidieron dar por terminados los contratos 243 y 244, relacionados con la construcción de 902 viviendas en este municipio.
Lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto de vivienda denominado “Sauces II” ubicado al lado del Megacolegio, no contaba con la licencia de construcción correspondiente, lo que ocasionó que, durante varios años, se pagara con recursos públicos más de 30.000 millones de pesos en arriendos a estas familias.
“Le mintieron al país porque le vendieron la idea a los damnificados de que podían construir sin licencia en un espacio que atraviesa una quebrada sin contemplar obras de mitigación”. Indicó Olmedo López.
Este informe ha sido remitido a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría de la República, para que sean ellos los que determinen los responsables de estos hechos y apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley.
Adicional a ello, se logró determinar que, a la fecha, el proyecto de recuperación de Mocoa se encuentra desfinanciado en 125.000 millones de pesos.
“La intervención en este territorio significa cambiar y pasar a otro tipo de viviendas, por ello esta administración está explorando otras opciones de construcción”, sostuvo el director general de la UNGRD.
Así mismo, López Martínez anunció que se está explorando la posibilidad de recuperación de las viviendas, lo cual depende de la capacidad estructural y del avance de estas, así como la entrega del Mega Colegio, el desarrollo del convenio con la Alcaldía de Mocoa para iniciar la construcción de la plaza de mercado y las intervenciones en la bocatoma.
La prioridad para la dirección de la UNGRD bajo el mando de Olmedo López, siempre será la vida, la protección de los recursos públicos, el ordenamiento alrededor del agua y transparencia en la información al país.
“Queremos que el país se entere de lo encontrado en Mocoa en Sauces II, los costos en los que incurrió el estado cuando se pudieron haber entregado a tiempo las viviendas y así evitar la afectación emocional y la intranquilidad a una comunidad a la que no se le han reestablecido sus derechos”, puntualizó López Martínez.
Finalmente, en la rueda de prensa se abordaron temas relacionados al programa de reasentamiento en diferentes regiones del país como Piojó en el Atlantico, Rosas en Cauca, Boraudo en Chocó, Quetame en Cundinamarca y El Calvario en el Meta, en donde se ha avanzado en la compra y entrega de terrenos para iniciar la construcción de las viviendas.
